Un activista austríaco no puede lanzar una acción colectiva contra Facebook
Schrems llevó ante los tribunales de Austria al gigante estadounidense al considerar que esta popular red social vulneró sus derechos a la intimidad y a la protección de datos, así como los de otras siete personas que le cedieron sus acciones para combatir las mismas violaciones.
El Tribunal Supremo Civil y Penal de Austria pidió entonces la opinión del alto tribunal europeo sobre esta acción colectiva y, en opinión del abogado general Michal Bobek, la justicia comunitaria debe indicar que el activista sólo puede lanzar una acción individual.
“Schrems puede invocar su condición de consumidor para demandar a Facebook (…) ante los tribunales austríacos en relación con el uso privado de su propia cuenta de Facebook”, indica en un comunicado el TJUE, precisando que no puede invocar esto para “las acciones que le hayan cedido otros”.
Para Facebook, esta opinión “apoya la decisión de dos tribunales de que la petición de Schrems no puede seguir como un demanda colectiva en nombre de otros consumidores ante los tribunales austríacos”, según un portavoz de la multinacional.
El activista austríaco lamentó por su parte que este rechazo a un acción colectiva es “difícil de entender”, aunque celebró que el abogado general proponga considerarlo como un “consumidor” pese a que Facebook pedía calificarlo de profesional por sus actividades en esa red social.
La opinión del abogado general sobre esta acción contra Facebook, cuya sede en Europa se encuentra en Irlanda, es un paso previo a la decisión prevista en los próximos meses del alto tribunal europeo, que no está obligado a seguir las conclusiones de Bobek.
Screms es un viejo conocido del alto tribunal y de Facebook. Una de sus demandas contra el gigante estadounidense en Irlanda logró la invalidación por el TJUE en 2015 del “Safe Harbour”, el marco jurídico que regía desde hacía 15 años la transferencia de datos personales con fines comerciales entre la UE y Estados Unidos.
Este marco jurídico se remplazó a mediados de 2016, tras largas negociaciones con Washington, por nuevas reglas más protectoras para los consumidores europeos, conocidas como “Privacy Shield”.
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