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Envían a prisión a Ramos y Choque tendrá detención domiciliaria

Corrupción. La audiencia del exdirigente campesino Damián Condori se realizará hoy a las 11.15
El juez 1° de Instrucción Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, ordenó la detención preventiva de la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos en el Centro de Orientación de Obrajes. Para el senador del MAS Jorge Choque ordenó la detención domiciliaria con arraigo y fianza.

La autoridad jurisdiccional resolvió en primera instancia la situación de la exministra Ramos, esto se dio en la audiencia cautelar de ayer, realizada en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que empezó a las 11.15 con una acción de libertad presentada por la defensa de Ramos, pero rechazada por Pinto.

El acto judicial duró al menos seis horas. Luego se inició la causa en contra del senador Jorge Choque, a las 18.20, en la que su abogado presentó un incidente de actividad procesal defectuosa que observaba acciones ilegales en contra de su condición de legislador, pero el recurso también fue rechazado por el juez.

Presión. La audiencia cautelar se realizó bajo la presión de sectores sociales que pedían la libertad de Choque. Por ello, se desplegó al menos 50 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para evitar conflictos en el acto procesal.

El fiscal asignado al caso, Ángelo Saravia, informó que el juez “determinó detención preventiva en el penal de Obrajes a pedido de la Fiscalía, ya que se vio que existe riesgo de fuga y peligro de obstaculización en la investigación”. Saravia indicó que Ramos es acusada de recibir recursos para nueve proyectos “fantasma”. Los delitos por los que se la imputó son: contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, además de conducta antieconómica.

Paulo Gutiérrez, abogado de Ramos, anunció que apelará la decisión del juez, debido a que considera que se vulneraron los derechos de su defendida, por lo que presentará la acción en las próximas horas. Ramos, Choque y el disidente del MAS Damián Condori permanecieron en calidad de aprehendidos por cinco días en celdas judiciales de La Paz y El Alto, luego de que declararon ante la comisión de fiscales que investiga el caso del extinto Fondo Indígena.

Este caso comenzó en febrero, luego de que la Contraloría General del Estado denunció un daño económico al Estado de Bs 71 millones por 153 proyectos inconclusos o no ejecutados. Por esto, el Gobierno intervino el Fondo por seis meses y en el trabajo de revisión de las 1.100 obras, se detectó 38 proyectos “fantasma” que causaron un daño de Bs 24,5 millones, que podría subir, ya que falta la verificación de más proyectos.

En la audiencia del senador Choque, el juez determinó medidas sustitutivas  y aplicó la detención domiciliaria, su arraigo y el pago de una fianza de Bs 40.000, informó su abogado, Andrés Zúñiga. “Al ser senador, él tiene autorización sin límite para desempeñar estas funciones”, agregó el jurista, sin embargo, esta autorización se dará cuando garantice un domicilio legal.

Zúñiga denunció que la Fiscalía demandó inicialmente una detención preventiva de Choque, pero luego solicitó medidas sustitutivas debido a que en el numeral 152 de la Constitución Política se señala que no está permitida la detención en la cárcel de los legisladores. En tanto, por decisión del juez, la audiencia del exdirigente campesino Damián Condori ingresó en cuarto intermedio hasta hoy a las 11.15, en el mismo salón judicial.

Se anotan los bienes

Proceso

El fiscal asignado al caso, Ángelo Saravia, informó ayer que se solicitó la “anotación de bienes” de los imputados en el proceso del Fondo Indígena: la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Choque y del disidente del MAS Damián Condori. También se solicitó informes a la autoridad de bancos.

Sectores sociales piden liberar a dirigentes

Afiliados a la Federación de Campesinos Túpac Katari y Bartolina  Sisa (La Paz) realizaron una protesta en los juzgados paceños para pedir la libertad del senador Jorge Choque (MAS) y de la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos. Los sectores instalaron una vigilia en puertas del Salón Rosado, en el hall del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, con el fin de presionar a las autoridades judiciales para que se deje en libertad a los acusados por el caso Fondo Indígena.

David Quispe, dirigente campesino, anunció que las medidas de presión se mantendrán si es que el proceso continúa en contra de estas personas, ya que no hay pruebas suficientes para acusarlos. Incluso aseguró que los técnicos del Fondo Indígena en Liquidación no fueron a los lugares donde se ejecutaron los proyectos.

“Vamos a aplicar la justicia comunitaria en contra de Rafael Quispe (denunciante) porque está en la Constitución, ya que se considera que él traicionó a su organismo, incluso pediremos la expulsión de su comunidad y la expropiación de sus tierras”, dijo Quispe.  El diputado Rafael Quispe, de Unidad Demócrata (UD), es querellante en el caso Fondo Indígena.

En la plaza principal de la ciudad de Tarija, más de 20 mujeres afiliadas a la Federación de Mujeres Bartolina Sisa realizaron una marcha para exigir la liberación de su dirigente Julia Ramos. Ellas portaban pancartas en las que exigían justicia. En Sucre, seguidores de Damián Condori anunciaron movilizaciones para exigir que se libere al excandidato a la Gobernación de Chuquisaca. El hijo del político lloró para exigir que se deje en libertad a su padre, según un reporte de la red Uno.

Morales exige pruebas documentadas

Juan J. Cusicanqui

Ante críticas de la oposición, en sentido de que las últimas detenciones son una “cortina de humo” para no enjuiciar a autores intelectuales dentro del caso Fondo Indígena, el presidente Evo Morales exigió pruebas para que éstas sean enviadas a la Justicia y se sancione a los culpables.

“La Justicia tiene que ver con todos, ¿qué cortina de humo? (dicen los opositores), todavía no están llegando los autores intelectuales (indican), que presenten pruebas de dónde están los autores intelectuales, que no solamente lo digan por los medios de comunicación. Y si hay pruebas documentadas, dejamos en manos de la Justicia y que la Justicia juzgue”, sostuvo el Jefe del Estado en una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Gobierno.

Advirtió que ante la ley todos somos iguales, sin distinción de cargo. “Quien robe un peso o dos pesos, si está documentada la denuncia, ésta tiene que estar en manos de la Justicia, pero que no se juzgue por calumnias”, añadió. Destacó el hecho de que actualmente ya no hay inmunidad para asambleístas que hayan cometido delitos, dentro de la lucha contra la corrupción.

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