Investigadores dicen que represas del Brasil causaron inundación en Beni

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Las represas brasileñas de Jirau y, sobre todo, la de Santo Antonio, que ya trabaja casi a plena capacidad, son una de las causas principales, junto al incremento de las lluvias, de las graves inundaciones ocurridas en febrero y marzo en el departamento del Beni. 

Esa fue la denuncia que hicieron en Erbol, Patricia Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) y Abraham Cuéllar, exsenador del departamento de Pando. Ambos denunciantes participaron esta semana de un foro sobre el tema, organizado por la Cátedra “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Las dos represas forman parte de un mega-proyecto (IRSA) que contempla la construcción de dos represas más, una binacional, la de Riverao, y la de Cachuela Esperanza, en territorio boliviano. Los entrevistados recordaron que el principio de toda represa es “ponerle una pared a un río”. 

El objetivo de IRSA es producir energía eléctrica para las grandes metrópolis brasileñas y transformar el río Madera en una vía plenamente navegable, a fin de que Brasil pueda llegar más rápidamente con su producción de soya a los puertos del océano Pacífico, y por consiguiente a los mercados asiáticos. 

Patricia Molina subrayó que todo el proyecto ha sido pensado para satisfacer las necesidades del país vecino. Hoy Bolivia solo sufre las consecuencias. 

En 2007, las autoridades bolivianas tomaron conocimiento de un estudio encargado por el propio gobierno de Brasil, en el que se advertía que el funcionamiento de las represas iba a tener consecuencias negativas en nuestro país. 

Por esa razón, la autoridad brasileña del medio ambiente (IBAMA) le negó la licencia ambiental a las dos empresas que terminaron construyendo las represas de Jirau y Santo Antonio. Dichas compañías son Odebrecht (Brasil) y Suez (Francia). 

Según informaron Molina y Cuéllar, tras evaluar dicha negativa, el gobierno de Lula Da Silva decidió despedir a los responsables de IBAMA para posesionar a otros funcionarios que sí les concedieron la licencia ambiental. “Descabezaron el IBAMA”, enfatizó Cuéllar. A partir de ese momento, el proyecto pudo proseguir. 

El ex senador Abraham Cuéllar explicó que las graves inundaciones en la amazonia beniana fueron la suma de una temporada de lluvias más copiosa y el inicio de operaciones de las represas. Molina complementó diciendo que la impericia técnica de los funcionarios de Odebrecht los llevó a elevar su capacidad de embalse, justo en el momento en que se precipitaron lluvias extremas en la zona peruano-boliviana. Esa confluencia de factores comenzó a inundar la ciudad de Porto Vehlo, capital del estado de Rondonia. Ante ese hecho, Santo Antonio decidió abrir compuertas, lo cual derivó en una subida peligrosa del caudal, que terminó en las emergencias que conocimos en el Beni. 

Derecho preferente 

Patricia Molina, representante de Fobomade, agregó que la empresa brasileña Odebrecht, que construyó Santo Antonio, solicitó también una licencia ambiental en Bolivia a fin de estudiar los posibles impactos de las represas del río Madera en territorio boliviano. Con ello pretendía tener un derecho preferente para construir la de Cachuela Esperanza y la de Riberao, cuya construcción sigue pendiente. 

Molina comentó que fue el propio Estado boliviano el que rescindió dicha licencia a Odebrecht, otorgada en inicio por la Superintendencia del sector, en parte porque Juan Pablo Ramos seguía siendo viceministro del área. Ramos renunció después a sus funciones por negarse a otorgar licencia ambiental al proyecto de carretera que pretendía atravesar el Tipnis. Dicho proyecto también fue concesionado a una empresa brasieña (OAS). 

Patricia Molina recordó también que el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia contrató a una consultora canadiense, Tecsul para que estudie los posibles impactos de las represas del río Madera sobre Bolivia. Han pasado varios años de aquello y no se conocen los hallazgos. Aparentemente los datos han sido mantenidos en reserva, porque en esos documentos hay evidencias de que no resulta conveniente construirlas. “Parece que en ese estudio se recomienda no construir la represa de Cachuela. ¿Será por eso que ahora es un secreto de Estado?”, se preguntó Molina. 

Ante la pregunta de si a partir de este año, los bolivianos tendremos que contar con inundaciones anuales de similar magnitud, los entrevistados coincidieron en que es fundamental estudiar en serio el tema para sacar conclusiones. En cuanto a los daños ya causados, Molina planteó la necesidad de que el Estado boliviano presente una demanda contra Brasil en el Tribunal de La Haya. 

Por su parte, varias entidades orientadas a la defensa del medio ambiente ya han presentado una querella en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que funciona en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). En lo inmediato, dijo Molina, el gobierno brasileño tendría que revocar la licencia a las dos empresas constructoras de Jirau y Santo Antonio mientras no reparen los daños causados en ambos países.

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